El pasado 21 de julio se alcanzó un acuerdo en el Consejo Europeo para movilizar 750.000 millones de euros en subvenciones y créditos, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria. Plasmado en el nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU, España podrá movilizar un volumen de inversión sin precedentes: hasta 140.000 millones de euros repartidos en 72.000 millones en transferencias (subvenciones a fondo perdido) y resto en créditos (préstamos) durante los próximos seis años (2021-2017); un 11% del PIB de 2019.
La canalización de dichos fondos a España se efectuará a través de dos de los principales instrumentos de los que consta el fondo Next Generation EU:
- El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) que gestiona el 90% de los 750.000 millones disponibles: 672.500 millones de euros, de los cuales corresponden a España 140.000 millones, 72.000 en transferencias directas no reembolsables y 68.000 en préstamos que hay que devolver si se solicitan. Un fondo al que los países de la UE pueden presentar propuestas nacionales para conseguir financiación para proyectos.
- Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios REACT-EU: dotado con 47.500 millones de los cuales 12.800 son para España y que financia gastos específicos de la pandemia a través de un refuerzo de los fondos ordinarios (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca).
- Iniciativa de inversión: dotado con 37.000 millones de los cuales 1.110 corresponden a España y que vienen a respaldar los sistemas de asistencia sanitaria.
El Gobierno se centrará en una primera fase en los 72.000 millones de transferencias en los tres primeros años (2021-2023) y empleará los créditos posteriormente. A ellos se suman los más de 79.000 millones de euros previstos por los fondos estructurales y por la Política Agrícola Común para 2021-2027.
La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad histórica para gestionar la crisis y encauzar la transformación de nuestra economía «verde, digital, inclusiva y social», contribuyendo al marco de referencia del Pacto Verde Europeo (European Green Deal).
El pasado 7 de octubre se presentó el primer documento del plan español para el MRR con el nombre “España puede. Plan de recuperación, transformación y resiliencia”. El presidente Pedro Sánchez ofició una suntuosa ceremonia alabando el milagro que suponía el mecanismo y lo comparó en importancia a la entrada del Estado español en la UE o a los fondos de cohesión europeos.
El plazo para presentar los planes nacionales a la Comisión Europea finalizó el 30 de abril de 2021, y pueden ser autorizados por la Comisión Europea en poco más de dos meses, en un proceso que requerirá condicionalidades, reformas y ajustes económicos. Este procedimiento es extremadamente rápido para el ritmo normal de las instituciones, poco transparente y tiene grandes oscuros sobre el proceso y los criterios de elegibilidad de los proyectos.
Otro dato preocupante es que el proceso de formulación y canalización de las propuestas puede acabar siendo realizado a través de grandes consultoras privadas como Deloitte o PWC por una supuesta incapacidad de la administración para asumir el reto en tan poco tiempo. Esto pondría en duda la transparencia de la elección de proyectos, pudiendo suponer un conflicto de intereses y dejar en desventaja a actores más pequeños como PYMEs, personas autónomas y la economía social y solidaria (mencionadas muy brevemente en el Plan España Puede).
Considerando la importancia del momento en términos de cantidad, velocidad y pretendido destino y objetivos del dinero público que se está movilizando, el MRR va a ser clave para esta década 2020-30. Estamos ante unos presupuestos astronómicos que son, quizás, en términos de inversión pública, la última oportunidad para acometer -como indica el mismo Plan España Puede-, la «transición económica y social (y ecológica) necesaria».