La plataforma Open Generation EU denuncia ante el Síndic de Greuges de Catalunya que el Consejo de Ministros ya ha aprobado tres proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), sin haber creado todavía el registro de empresas que exige el Real Decreto Ley que rige los fondos Next Generation EU. Este registro, como establece el mismo RDL, es obligatorio para aquellas empresas que quieran acceder a alguno de los PERTE.
Ya se ha cumplido más de un año de la publicación en el BOE del 17340 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Ministerio de Hacienda lleva más de nueve meses de retraso en la publicación del registro de los PERTE (tenía un plazo de tres meses desde la publicación del RDL). El Ministerio está incumpliendo lo establecido por el mismo RDL y obviando la obligatoriedad del registro para acceder a los PERTE. Se trata de un registro que, como apunta el Artículo 9 del RDL, debe ser público para cumplir con los requisitos de transparencia establecidos.
Preocupa especialmente la gestión de los PERTE porque representan un modelo privatizador de servicios y bienes públicos muy similar al ya conocido modelo de colaboración público-privada.
Precisamente el martes 18 de enero se presentó el PERTE de «Salud de Vanguardia» a las empresas catalanas, con representantes de la Generalitat de Catalunya (Ramon Maspons, director del área de Innovació i Prospectiva de l’Agència de Qualitat i Avaluació de Catalunya – AQuAS) y del Ministerio de Salud (Cristobal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III), por el cual se entregarán ayudas públicas al sector privado de la salud, en lugar de reforzar el sector público, como la atención primaria para la ciudadanía o mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras de salud.
Desde Open Generation EU y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), y a través de una denuncia formal al Síndic de Greuges, se exige la publicación de este registro en cumplimiento con las normativas de transparencia recogidas en el propio RDL.