El fondo Next Generation EU es el mayor paquete de ayudas y rescates -subvenciones a fondo perdido y créditos- de la historia de España y de Europa.
Por eso, se deben gestionar con la mayor transparencia de la historia de España y de Europa.
Los fondos, que supondrán un desembolso de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, serán gestionados mediante un Real Decreto Ley que establecerá las normas, tiempos y requisitos para acceder a las ayudas. Pero en el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, que aprueba medidas para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia apenas mencionan garantías de transparencia y acceso a la información.
La ‘urgencia’ aparece muchas veces en el texto legislativo.
Debido a la crisis sanitaria, económica y social, el Gobierno prioriza la ejecución rápida de las ayudas, pero la emergencia no debe ser una excusa para que estos 140.000 millones se otorguen de manera opaca y poco distribuida. Las garantías de transparencia establecidas por el ordenamiento español no son «cuellos de botella» que haya que eliminar, son una garantía fundamental de la gestión democrática de nuestros gobernantes.
Cuando empezó la pandemia, a inicios del 2020, todavía se arrastraban los estragos de la crisis del 2008.
Se siguen pagando a día de hoy las consecuencias de los anteriores rescates (recordemos el famoso rescate a Bankia, solo devuelto en un 14,7 %), que acabaron suponiendo austeridad y recortes de servicios públicos como la educación o la sanidad, más vitales si cabe en un contexto como el actual. Por ello, para que no vuelva a pasar, la ciudadanía debe tener pleno conocimiento de todo lo que suceda con estos fondos. El acceso a la información es un derecho constitucional que se debe respetar.
El objetivo de la Plataforma Ciudadana Open Generation EU es garantizar que la gestión de los fondos Next Generation EU sea transparente y accesible.
Es necesario un proceso que garantice los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso, dotándolo de las herramientas legales y órganos institucionales y fiscalizadores necesarios, en un proceso accesible para grandes y pequeños (PYMES, autónomos, economía social y solidaria) y auditable para la ciudadanía.
Tenemos derecho a saber a quién se le da el dinero, cuánto, por qué y para qué.
Sólo con un derecho a la información cuidado se puede tener verdadera calidad democrática.